La ley FATCA (Foreign Account Tax Act), se trata de una iniciativa norteamericana, pero convertida ya en regla de carácter global, destinada a aumentar la recaudación de impuestos por parte de los gobiernos y que afecta de manera significativa a aquellos países menos desarrollados que están preocupados por saber de qué manera afecta al progreso de sus sistemas financieros.
Desde 2013 y hasta 2017, los bancos identificarán a los clientes norteamericanos antiguos y nuevos, con el objetivo de reportar esa información a las autoridades financieras correspondientes.
A través de FATCA, Estados Unidos impone sanciones a bancos de todo el mundo, y el fisco americano, el IRS, retiene un alto porcentaje del dinero de los negocios que no se reporten directamente a Washington. Sin embargo, entra en discrepancia, ya que el “justiciero financiero” incumple con su propia ley y fomenta el Secreto Bancario para atraer el capital extranjero de ciudadanos no residentes, no obligados a cumplir con FATCA.
Una estrategia que ha funcionado con gran efectividad, ya que la gran mayoría de bancos offshore o fideicomisos evitan relacionarse con clientes estadounidenses, y los que llegan a hacerlo, se encuentran completamente alineados con FATCA. Prácticamente, toda la actividad financiera y bancaria está monitoreada por el IRS.
Una normativa que no sólo afecta a bancos, fondos de inversión o cualquier entidad financiera, sino que tiene un impacto real sobre las sociedades, que se muestran reticentes a comerciar con aquellas que no cumplan con FATCA y a abandonar el feudo americano en busca de otras jurisdicciones, especialmente paraísos fiscales, con una legislación más flexible y donde se pagan menos impuestos.
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